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Determinan procedimiento definitivo para entregar fondos a afiliados que pidan 10%

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Santiago, 27 Jul (En Off).- La Superintendencia de Pensiones divulgó hoy el procedimiento definitivo que regulará el proceso de entrega del 10 por ciento de sus fondos a los afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que así lo requieran.

La entidad pública determinó que las AFP deberán tener implementado el procedimiento a partir de las 09:00 horas del próximo jueves mediante la habilitación en cada uno de sus sitios web institucionales de un acceso que conduzca directamente a una aplicación informática para el ingreso de las solicitudes de retiro de fondos.

Las AFP deberán diseñar un formato único de solicitud donde deberán solicitar el número de cédula de identidad y su serie o número de documento, domicilio completo (opcional), teléfono, correo electrónico y la modalidad de pago requerida, además de las respectivas instrucciones de llenado.

La aplicación deberá consultar al solicitante si desea realizar el monto máximo de retiro (equivalente al 100 por ciento de los recursos que puede retirar) con alternativas de respuesta “Sí” o “No”.

Si la persona selecciona “No”, lo que implica que hará un retiro parcial, se le deberá permitir seleccionar o ingresar el porcentaje del retiro.

Acá los detalles del oficio de la Superintendencia de Pensiones a las AFP:

1.- El formulario de solicitud

Las AFP deberán diseñar un formato único de solicitud, el que deberá contener la misma información a los afiliados y beneficiarios, junto con entregar los mismos mensajes.

La información que deberán solicitar a los afiliados y beneficiarios es la siguiente: número de cédula de identidad y su serie o número de documento, domicilio completo (opcional), teléfono y correo electrónico, la modalidad de pago requerida, además de las respectivas instrucciones de llenado.

El formulario deberá consultar la modalidad de pago que prefiera el solicitante, quien podrá seleccionar una de las siguientes alternativas: transferencia a la cuenta de ahorro voluntario (Cuenta 2) en la AFP donde está efectuando el retiro (si no posee una, se creará una automáticamente), depósito en una cuenta bancaria o de instituciones financieras, incluyendo cooperativas de ahorro y crédito, y cuentas de provisión de fondos en cajas de compensación. En todos estos casos, el solicitante del retiro deberá informar el N° de cuenta, tipo de cuenta y nombre de la entidad.

Una vez seleccionada la cuenta en la que se depositarán los fondos, la administradora deberá desplegar en la misma solicitud un mensaje que señale expresamente que no está autorizado el depósito en cuentas bipersonales (con más de un titular), ni en cuentas digitales con procesos de apertura no presenciales, con el objetivo de evitar el rechazo de la solicitud.

Las administradoras también podrán incorporar como medio de pago en dinero efectivo en servicios como Servipag o Sencillito. Por último, en caso que el afiliado seleccione como medio de pago la emisión de un vale vista, se deberá desplegar un mensaje que señale textualmente lo siguiente: «Esta alternativa está disponible si no posee cuentas bancarias, o cuentas en cooperativas o cajas de compensación. Recuerde que también puede optar por el depósito en la cuenta de ahorro voluntario (Cuenta 2) que posea en esta AFP o una que se abra automáticamente para estos efectos».

El depósito en la cuenta de ahorro voluntario (Cuenta 2) podrá efectuarse en cuentas existentes o que se abran automáticamente para este efecto, incluyendo el caso de beneficiarios no afiliados al sistema de pensiones. Esto, además, sólo podrá efectuarse en la AFP donde se presente la solicitud de retiro, comunicándole a la persona, al momento de seleccionar esta opción, que si no la tiene Cuenta 2 en esa AFP se abrirá una, la que permanecerá en el o los mismos tipos de fondos donde se encuentre la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias del afiliado o causante, según corresponda.

2.- Llenado del formulario de solicitud

El primer dato a requerir para llenar la solicitud será el número de cédula de identidad del afiliado o beneficiario, con el cual la AFP deberá verificar en línea la calidad de afiliado o beneficiario del solicitante, no permitiendo continuar el ingreso de datos de no validarse correctamente la información.

La aplicación también deberá permitir que aquellos afiliados extranjeros que no cuenten con cédula de identidad nacional puedan solicitar el retiro, ingresando para este efecto el NIC (número identificatorio para cotizar) utilizado para el pago o declaración de las cotizaciones, y la clave de acceso a la AFP.

La AFP deberá notificar al afiliado o beneficiario que ha recibido la solicitud de retiro, enviándola al correo electrónico y celular que tenga registrado previamente en la base de datos, además de los registrados en la respectiva solicitud. Junto a esto, deberá implementar mecanismos de monitoreo de cambios de datos de contacto, con el objetivo de contar con sistemas de alerta temprana de fraudes. Las administradoras tendrán un plazo de cuatro días hábiles para validar la solicitud e informar si ésta fue aprobada o rechazada. En caso de rechazo, la administradora debe explicar claramente las razones de aquello.

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3.- Aplicación para el retiro de fondos

La aplicación informática deberá consultar al solicitante si desea realizar el monto máximo de retiro (equivalente al 100% de los recursos que puede retirar, según establece la reforma constitucional), con alternativas de respuesta «Sí» o «No». Si la persona selecciona «No», lo que implica que hará un retiro parcial, se le deberá permitir seleccionar o ingresar el porcentaje del retiro que quiere efectuar calculado respecto del máximo permitido en la reforma constitucional.

Además, si la persona decide no retirar el máximo que permite la reforma constitucional (el 100% de lo autorizado o la totalidad de lo que tiene en su cuenta de capitalización individual obligatoria, en el caso de quienes tienen sólo hasta 35 Unidades de Fomento), la administradora deberá desplegar para el solicitante una nota que le indique que no podrá efectuar en el futuro un nuevo retiro por el porcentaje remanente.

También deberá consultarse al afiliado o beneficiario si posee deuda por pensión de alimentos, con opción de responder Sí»» o «No». En caso que el solicitante señale que posee deuda de alimentos, la AFP deberá retener el monto del retiro hasta que se aclare el monto adeudado.

Además, previo a confirmar la solicitud de retiro, el sistema deberá desplegar una frase que señale que el afiliado conoce y acepta que el monto del retiro tendrá un impacto negativo en el monto de su pensión.

También deberán emitir mensajes dirigidos a los pensionados, en los cuales se explique el efecto que tendrá el retiro en el monto de su pensión.

Una vez finalizada esta etapa, la aplicación deberá entregar un comprobante al afiliado donde conste, al menos, la fecha de la solicitud, la opción por retiro total o parcial y en este último caso el porcentaje solicitado respecto del máximo permitido y un folio o correlativo de la solicitud, informando que el paso siguiente es validar su solicitud y que se informará su aceptación o rechazo dentro de los siguientes cuatro días hábiles.

4.- Pago de los fondos retirados

La Superintendencia determinó que la entrega de los recursos solicitados se deberá efectuar en los siguientes plazos: el 50% de lo solicitado en un máximo de 10 días hábiles desde la fecha de la presentación de la solicitud ante la AFP, y el 50% restante en un máximo de 30 días hábiles desde la fecha de pago del primer retiro. Cada pago tendrá un límite de 75 UF. En todo caso, si el monto solicitado a retirar corresponde a 35 UF o menos, la entrega de fondos se efectuará en un único pago dentro de los 10 siguientes días hábiles de la fecha de solicitud del retiro.

La solicitud de retiro de fondos se podrá presentará durante los 365 días siguientes a la fecha de publicación de la reforma constitucional en el Diario Oficial. Una vez aceptada la solicitud, se informarán al afiliado y beneficiario las fecha de pago.

La Superintendencia reiteró que los fondos de pensiones retirados no constituyen renta o remuneración para ningún efecto legal y, además, no estarán afectos a comisiones o descuento alguno por parte de las administradoras y las instituciones financieras que efectuarán el pago. Esto, con excepción de aquella parte del retiro destinada al pago de deuda por pensión alimenticia y compensación por divorcio decretada previamente por los tribunales.

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Fantasma de baja participación se toma segunda vuelta de elección de gobernadores

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La participación ciudadana en las elecciones de este domingo, correspondientes a la segunda vuelta de gobernadores regionales, genera inquietud tanto en los partidos políticos como en el gobierno, lo que podría generar cuestionamientos a la legitimidad e impactaría en el peso político de las nuevas autoridades.

Según fuentes de gobierno, la participación estimada podría alcanzar a un 30% del padrón electoral, muy por debajo del 43,4% que votó a mediados de mayo, elecciones que contaban con el aliciente de las elecciones de constituyentes, alcaldes y gobernadores. Además, debe considerarse el contexto generado por la pandemia.

Por otra parte, la realidad demuestra que se están eligiendo autoridades mayoritariamente con un bajo nivel de conocimiento público, cuyas competencias ni siquiera están claras y que compartirán el espacio de poder con la figura del delegado presidencial.

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El escenario, en consecuencia, configura un cuadro volátil, en el que se dificulta la predicción de los resultados y en el que la capacidad de movilizar electores con que cuenten los candidatos pasa a ser un factor determinante para su desempeño final.

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Elección de Gobernadores: 3 de 9, el mejor escenario para ChileVamos

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Tras el fracaso de Chile Vamos en la elección de gobernadores regionales de mediados de mayo, con el cuarto lugar alcanzado por Catalina Parot en la Región Metropolitana y habiendo sido sus candidatos derrotados en primera vuelta en otras seis regiones, el conglomerado oficialista se ve enfrentado a un escenario complejo de cara al balotaje de este domingo.

Con nueve candidatos en carrera, sus posibilidades electorales parecieran reducirse a tres regiones: Arica, Coquimbo y Los Ríos.

En Arica, el candidato oficialista Enrique Lee, sin militancia política, accedió a un cupo en el pacto de Chile Vamos patrocinado por el PRI y alcanzó la primera mayoría en los comicios de mayo, con un 35,5% de los votos.

Centró su campaña en la lucha contra la corrupción y se ha mantenido alejado de los partidos políticos. En gran medida, sus posibilidades pasan por la capacidad que tenga de convocar a sus electores en una elección que está acechada por la incertidumbre respecto a la participación de los votantes.

La carta oficialista en la región de Coquimbo es el UDI Marco Antonio Sulantay, quien alcanzó el segundo lugar en la primera vuelta con un 26,1% de los votos, pero a sólo tres mil sufragios de la candidata independiente, la ecologista Krist Naranjo, que superó al DC Ricardo Cifuentes.

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Las posibilidades de Sulantay pasan por la capacidad de movilización de los partidos de Chile Vamos, principalmente de la UDI, que cuenta una estructura y con redes territoriales desplegadas por la región.

En Los Ríos, la RN María José Gatica Bertín (RN), obtuvo un 36,88% de los votos, porcentaje que le valió pasar a la segunda vuelta con la primera mayoría. Cercana al senador Manuel José Ossandón, ha enfrentado en una dura y polémica campaña a la carta opositora, el socialista Luis Cuvertino, que ha recibido el respaldo transversal de “las oposiciones”.

Así las cosas, tres de nueve candidatos podría elegir, en el mejor de los casos, el conglomerado de gobierno, escenario que sólo podría cambiar en atención al factor “participación electoral”. Si se da la lógica, este domingo se podría ratificar el descalabro electoral de la derecha.

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Covid- 19: Estado, crisis y bien común

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En tiempos de crisis, sin importar su naturaleza, surge el Estado como el gran articulador de las respuestas que el país necesita para neutralizar sus efectos, devolver la calma y retornar las cosas al orden normal en el devenir de la vida de los ciudadanos.

Sin embargo, es sólo en circunstancias aciagas cuando valoramos el rol del Estado y sus instituciones en la protección de la población, en tiempos de globalización política, social y económica.

Concebido como una organización política de la que la sociedad se dota con el fin promover el bien común, el Estado tiene la obligación de generar condiciones de seguridad para proteger a la población. En este contexto, debe emplear todos sus medios y capacidades para enfrentar la amplia gama de fenómenos adversos a los que dicha población es vulnerable, sean de origen natural o provocados por la actividad del hombre.

Una pandemia tiene el poder de provocar una crisis de proporciones y, qué duda cabe, así ha sido. El Covid-19 nos ha golpeado duro, alterando nuestras vidas, instalando incertidumbre y derrumbando la economía, tanto a nivel nacional como en cada uno de nuestros hogares.

Y la respuesta del Estado chileno, buena o mala, no se ha hecho esperar. Pudo haber sido tardía, en aquellos primeros días del mes de marzo del año pasado, que hoy se ven tan lejanos. Hoy, por ejemplo y conociendo un poco más del virus, nos preguntamos, entre muchas otras cosas, por qué no se cerraron antes las fronteras. O valoramos el incremento del número de camas críticas, como una reacción previsora y oportuna.

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Buscamos respuestas a la duda permanente: ¡cuándo va a terminar esta pesadilla! Hay vacunas y un proceso histórico de inmunización de la población. Respuesta oportuna y eficiente del Estado en esta materia. Pero los casos van en aumento, alcanzando máximos difíciles de comprender en las últimas semanas, con una tasa de propagación del virus también creciente.

Y así surgen las dudas, los cuestionamientos y el hastío, exacerbados como consecuencia del agotamiento de la población, provocado por la incertidumbre, las cuarentenas, los cambios de fase en el plan Paso a Paso, entre tantas otras causas. Por cierto, todo en un contexto raro, configurado por el actuar de una clase política desprestigiada que ha pulverizado la credibilidad de las instituciones.

Hoy es cuando más necesitamos del Estado como agente articulador de las respuestas necesarias frente a la crisis, en la búsqueda del bien común y de otorgar seguridad a la población. Y a partir de esta afirmación, surge la más dolorosa de las dudas: ¿está el Estado de Chile a la altura? La respuesta pareciera ser que no, que ha sido inferior a sus circunstancias.

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