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Piñera promulga ley del retiro: primer pago sería antes del 17 de diciembre

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Santiago, 4 de Dic. (EN OFF).- El Presidente Sebastián Piñera promulgó hoy la ley para el segundo retiro del 10% de las AFPs, aprobada ayer por el Congreso. El primer pago se realizaría antes del 17 de diciembre y el segundo antes de Año Nuevo.

En una ceremonia realizada en La Moneda, el mandatario señaló que «estamos muy conscientes que un retiro anticipado de los ahorros previsionales tiene un efecto negativo en las pensiones de los actuales y futuros pensionados, por esta razón nuestro gobierno envió un proyecto de ley que hoy estamos promulgando con dos objetivos simples y claros».

«Primero, que el retiro de parte de los ahorros previsionales se haga bien, respetando y no vulnerando nuestra Constitución, el estado de Derecho y las atribuciones de los distintos poderes del Estado, y en segundo lugar buscamos eliminar o reducir el daño que un retiro anticipado genera sobre las pensiones actuales y futuras de nuestros compatriotas», explicó.

«Estamos conscientes que el proyecto que envió el Gobierno sufrió modificaciones en su trámitre legislativo, pero firme compromiso del Gobierno con facilitar la tramitación de este proyecto a través de un proceso expedito de promulgación, de toma de razón de la Contraloría y de publicación en el Diario Oficial con el propósito de permitir que los primeros retiros puedan iniciarse el jueves 17 de diciembre, una semana antes de Navidad. Y que el segundo retiro pueda efectuarse 10 días hábiles después del primer retiro», añadió.

«Es importante destacar que este retiro no afecta la clasificación socioeconómica de los hogares y por tanto no afecta el acceso de las personas a los beneficios sociales», indicó.

«También es bueno tener consciencia que con el propósito de acelerar el pago de las pensiones alimenticias, el Gobierno presentó una indicación que establece un plazo máximo de 10 días, una vez recibida la decisión del Poder Judicial, para que las AFPs paguen a las madres las pensiones de alimentos», agregó.

«Finalmente el Gobierno junto al Banco Central, la Comisión para el Mercado Financiero y el BancoEstado, está trabajando con intensidad y urgencia para que este retiro del 10% se haga e forma simple, rápida y segura y para eso es fundamental respetar las normas sanitarias, evitar las aglomeraciones para evitar nuevos contagios», concluyó.

CONTENIDO DE LA LEY

La propuesta legal establece que, excepcionalmente y en el contexto de la crisis sanitaria producida con ocasión del Covid-19, se autoriza a los afiliados del sistema privado de pensiones realizar, de forma voluntaria, un retiro por hasta el 10% de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias.

El mencionado retiro no podrá exceder de 150UF, ni ser inferior a 35UF, en caso de que los saldos acumulados en la cuenta así lo permitan. En el caso de que los fondos sean menores a lo recién mencionado, el afiliado podrá retirar la totalidad de los recursos de dicha cuenta.

La facultad establecida en esta ley no es incompatible con el ejercicio del derecho de retiro establecido en la disposición transitoria de la Constitución (primer retiro del 10%).

Para efectos de ejercer el derecho establecido en la presente ley, se considerará como afiliado a toda persona que pertenezca al sistema privado de pensiones, incluidas aquellas que sean beneficiarias de una pensión de vejez, de invalidez o sobrevivencia.

Estarán impedidos de solicitar el retiro las personas cuyas rentas o remuneraciones se regulen de conformidad a lo dispuesto en el artículo 38 bis de la Constitución Política de la República y que afecta a las altas autoridades (Presidente, ministros, subsecretarios y parlamentarios, entre otros). Para verificar esto, el afiliado deberá presentar ante la AFP una declaración jurada simple en la cual dé cuenta que no se encuentra en la situación descrita, lo que deberá ser verificado por la administradora.

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Asimismo, establece que no pagarán impuestos por este retiro las personas con una renta imponible de 30 Unidades Tributarias Anuales, lo que equivale a una renta imponible de $1,5 millones mensuales.

PAGOS EN NO MÁS DE 10 DÍAS

El proyecto también define que los afiliados podrán solicitar el retiro de sus fondos hasta 365 días después de publicada en el Diario Oficial la presente ley y especifica que la solicitud de retiro deberá ser presentada por el afiliado ante la AFP en la que se encuentre afiliado, de preferencia, por canales digitales. Dichas entidades deberán adoptar medidas para resguardar las condiciones sanitarias en el caso de solicitudes presenciales.

La entrega de los fondos acumulados y autorizados de retirar se efectuará de la siguiente manera:

– El 50% en un plazo máximo de diez días hábiles de presentada la solicitud ante la respectiva AFP.

– El 50% restante en el plazo máximo de diez días hábiles a contar del desembolso anterior.

La implementación del sistema de transferencias de fondos por parte de las administradoras será gratuita para los afiliados y no podrán realizarse cargos a estos, incluyendo a aquellos que no soliciten o estén impedidos de realizar el retiro establecido en la presente ley.

La Superintendencia de Pensiones deberá dictar las instrucciones necesarias para efectos de regular la operación del referido sistema de transferencia de fondos y pagos, así como todos los aspectos operacionales relativos a la solicitud del retiro de fondos. Si el monto solicitado de retiro es igual o inferior a 35UF se deberá pagar en su totalidad en un plazo no superior a 10 días hábiles.

La propuesta remarca que, en ningún caso, los montos retirados de los fondos previsionales acumulados afectarán, directa o indirectamente, la caracterización socioeconómica que el Estado realice de los afiliados o de su hogar, para efectos de postulación y eventual asignación de subsidios o beneficios sociales de cualquier tipo.

Además, se indica que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el año presupuestario de su entrada en vigencia se financiará con cargo a los recursos del Ministerio del Trabajo y, en lo faltante, con cargo a la partida del Tesoro Público.

DEUDAS POR PENSIONES DE ALIMENTOS

El texto indica que los fondos retirados se considerarán extraordinariamente intangibles para todo efecto legal y no serán objeto de retención, descuento, compensación legal o contractual, embargo o cualquier forma de afectación judicial o administrativa.

Tampoco podrán rebajarse del monto ya decretado de la compensación económica en el juicio de divorcio, sin perjuicio de la retención, suspensión y embargabilidad por deudas originadas por obligaciones alimentarias.

Para ese último evento, el juez de familia competente autorizará al alimentario, a petición de este, de su representante legal o curador ad litem, a subrogarse en los derechos del alimentante moroso para realizar la solicitud de retiro de fondos previsionales acumulados en su cuenta de capitalización individual hasta por la totalidad de la deuda.

Por último, se regula el caso de que existan varios alimentarios en distintas causas, la situación de fondos remanentes, procedimientos y plazos, entre otras variadas normas relativas a este tema.

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Fantasma de baja participación se toma segunda vuelta de elección de gobernadores

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La participación ciudadana en las elecciones de este domingo, correspondientes a la segunda vuelta de gobernadores regionales, genera inquietud tanto en los partidos políticos como en el gobierno, lo que podría generar cuestionamientos a la legitimidad e impactaría en el peso político de las nuevas autoridades.

Según fuentes de gobierno, la participación estimada podría alcanzar a un 30% del padrón electoral, muy por debajo del 43,4% que votó a mediados de mayo, elecciones que contaban con el aliciente de las elecciones de constituyentes, alcaldes y gobernadores. Además, debe considerarse el contexto generado por la pandemia.

Por otra parte, la realidad demuestra que se están eligiendo autoridades mayoritariamente con un bajo nivel de conocimiento público, cuyas competencias ni siquiera están claras y que compartirán el espacio de poder con la figura del delegado presidencial.

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El escenario, en consecuencia, configura un cuadro volátil, en el que se dificulta la predicción de los resultados y en el que la capacidad de movilizar electores con que cuenten los candidatos pasa a ser un factor determinante para su desempeño final.

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Elección de Gobernadores: 3 de 9, el mejor escenario para ChileVamos

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Tras el fracaso de Chile Vamos en la elección de gobernadores regionales de mediados de mayo, con el cuarto lugar alcanzado por Catalina Parot en la Región Metropolitana y habiendo sido sus candidatos derrotados en primera vuelta en otras seis regiones, el conglomerado oficialista se ve enfrentado a un escenario complejo de cara al balotaje de este domingo.

Con nueve candidatos en carrera, sus posibilidades electorales parecieran reducirse a tres regiones: Arica, Coquimbo y Los Ríos.

En Arica, el candidato oficialista Enrique Lee, sin militancia política, accedió a un cupo en el pacto de Chile Vamos patrocinado por el PRI y alcanzó la primera mayoría en los comicios de mayo, con un 35,5% de los votos.

Centró su campaña en la lucha contra la corrupción y se ha mantenido alejado de los partidos políticos. En gran medida, sus posibilidades pasan por la capacidad que tenga de convocar a sus electores en una elección que está acechada por la incertidumbre respecto a la participación de los votantes.

La carta oficialista en la región de Coquimbo es el UDI Marco Antonio Sulantay, quien alcanzó el segundo lugar en la primera vuelta con un 26,1% de los votos, pero a sólo tres mil sufragios de la candidata independiente, la ecologista Krist Naranjo, que superó al DC Ricardo Cifuentes.

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Las posibilidades de Sulantay pasan por la capacidad de movilización de los partidos de Chile Vamos, principalmente de la UDI, que cuenta una estructura y con redes territoriales desplegadas por la región.

En Los Ríos, la RN María José Gatica Bertín (RN), obtuvo un 36,88% de los votos, porcentaje que le valió pasar a la segunda vuelta con la primera mayoría. Cercana al senador Manuel José Ossandón, ha enfrentado en una dura y polémica campaña a la carta opositora, el socialista Luis Cuvertino, que ha recibido el respaldo transversal de “las oposiciones”.

Así las cosas, tres de nueve candidatos podría elegir, en el mejor de los casos, el conglomerado de gobierno, escenario que sólo podría cambiar en atención al factor “participación electoral”. Si se da la lógica, este domingo se podría ratificar el descalabro electoral de la derecha.

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Covid- 19: Estado, crisis y bien común

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En tiempos de crisis, sin importar su naturaleza, surge el Estado como el gran articulador de las respuestas que el país necesita para neutralizar sus efectos, devolver la calma y retornar las cosas al orden normal en el devenir de la vida de los ciudadanos.

Sin embargo, es sólo en circunstancias aciagas cuando valoramos el rol del Estado y sus instituciones en la protección de la población, en tiempos de globalización política, social y económica.

Concebido como una organización política de la que la sociedad se dota con el fin promover el bien común, el Estado tiene la obligación de generar condiciones de seguridad para proteger a la población. En este contexto, debe emplear todos sus medios y capacidades para enfrentar la amplia gama de fenómenos adversos a los que dicha población es vulnerable, sean de origen natural o provocados por la actividad del hombre.

Una pandemia tiene el poder de provocar una crisis de proporciones y, qué duda cabe, así ha sido. El Covid-19 nos ha golpeado duro, alterando nuestras vidas, instalando incertidumbre y derrumbando la economía, tanto a nivel nacional como en cada uno de nuestros hogares.

Y la respuesta del Estado chileno, buena o mala, no se ha hecho esperar. Pudo haber sido tardía, en aquellos primeros días del mes de marzo del año pasado, que hoy se ven tan lejanos. Hoy, por ejemplo y conociendo un poco más del virus, nos preguntamos, entre muchas otras cosas, por qué no se cerraron antes las fronteras. O valoramos el incremento del número de camas críticas, como una reacción previsora y oportuna.

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Buscamos respuestas a la duda permanente: ¡cuándo va a terminar esta pesadilla! Hay vacunas y un proceso histórico de inmunización de la población. Respuesta oportuna y eficiente del Estado en esta materia. Pero los casos van en aumento, alcanzando máximos difíciles de comprender en las últimas semanas, con una tasa de propagación del virus también creciente.

Y así surgen las dudas, los cuestionamientos y el hastío, exacerbados como consecuencia del agotamiento de la población, provocado por la incertidumbre, las cuarentenas, los cambios de fase en el plan Paso a Paso, entre tantas otras causas. Por cierto, todo en un contexto raro, configurado por el actuar de una clase política desprestigiada que ha pulverizado la credibilidad de las instituciones.

Hoy es cuando más necesitamos del Estado como agente articulador de las respuestas necesarias frente a la crisis, en la búsqueda del bien común y de otorgar seguridad a la población. Y a partir de esta afirmación, surge la más dolorosa de las dudas: ¿está el Estado de Chile a la altura? La respuesta pareciera ser que no, que ha sido inferior a sus circunstancias.

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