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Segundo retiro: Durante el día debiese ser promulgado como ley

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Santiago, 4 de Dic. (EN OFF).-

Durante la noche de ayer, el Senado aprobó con 41 el proyecto del segundo retiro del 10% de las AFPs, o que significó que la iniciativa fuera despachada a ley.

Con base en el contexto de la crisis sanitaria producida del Covid-19, se llegó al acuerdo de autorizar a los afiliados del sistema privado de pensiones realizar un retiro por hasta el 10% de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias.

El retiro no podrá exceder las 150UF, ni ser menor a 35UF. En el caso de que los fondos sean menores a estos, el afiliado podrá retirar la totalidad de los recursos de dicha cuenta.

Por su parte, se estableció que no deberán pagar impuestos aquellas personas que obtienen una renta inferior a las 30 Unidades Tributarias Anuales, lo que equivale a $1,5 millones mensuales.

PLAZO DE PAGOS

Al igual que en el primer retiro, los afiliados podrán solicitar el retiro de sus fondos hasta 365 días después de hacerse efectiva la promulgación de ley. Es decir, una vez que esté publicado en el Diario Oficial.

La entrega de los fondos se efectuará de la siguiente manera:

  • El 50% en un plazo máximo de diez días hábiles de presentada la solicitud ante la respectiva AFP.
  • El 50% rest ante en el plazo máximo de diez días hábiles a contar del desembolso anterior.
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  • Las transferencias de fondos por parte de las administradoras será gratuita para los afiliados y no podrán realizarse cargos a estos.
  • Si el monto solicitado es igual o inferior a 35UF se deberá pagar en un plazo de 10 días hábiles.

Es necesario destacar que, los ingresos otorgados por este segundo retiro de fondos previsionales no podrá afectar su estado socioeconómico frente al Registro Social de Hogares. Por lo que, los afiliados no se verán afectados en caso de que se encuentren en postulaciones a subsidios, beneficios estatales o sociales.

PENSIONES DE ALIMENTOS ATRASADAS

En relación a las pensiones alimenticias impagas, no serán objeto de retención, descuento, embargo o cualquier forma que afecte judicialmente al afiliado.

Frente a inconvenientes, el juez de familia competente autorizará al deudor a solicitar a su representante legal para que este subrogue en los derechos del alimentante moroso para realizar la solicitud de retiro de fondos previsionales acumulados en su cuenta de capitalización individual hasta por la totalidad de la deuda.

Por último, se regula el caso de que existan varios alimentarios en distintas causas, la situación de fondos remanentes, procedimientos y plazos, entre otras variadas normas relativas a este tema.

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Fantasma de baja participación se toma segunda vuelta de elección de gobernadores

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La participación ciudadana en las elecciones de este domingo, correspondientes a la segunda vuelta de gobernadores regionales, genera inquietud tanto en los partidos políticos como en el gobierno, lo que podría generar cuestionamientos a la legitimidad e impactaría en el peso político de las nuevas autoridades.

Según fuentes de gobierno, la participación estimada podría alcanzar a un 30% del padrón electoral, muy por debajo del 43,4% que votó a mediados de mayo, elecciones que contaban con el aliciente de las elecciones de constituyentes, alcaldes y gobernadores. Además, debe considerarse el contexto generado por la pandemia.

Por otra parte, la realidad demuestra que se están eligiendo autoridades mayoritariamente con un bajo nivel de conocimiento público, cuyas competencias ni siquiera están claras y que compartirán el espacio de poder con la figura del delegado presidencial.

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El escenario, en consecuencia, configura un cuadro volátil, en el que se dificulta la predicción de los resultados y en el que la capacidad de movilizar electores con que cuenten los candidatos pasa a ser un factor determinante para su desempeño final.

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Elección de Gobernadores: 3 de 9, el mejor escenario para ChileVamos

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Tras el fracaso de Chile Vamos en la elección de gobernadores regionales de mediados de mayo, con el cuarto lugar alcanzado por Catalina Parot en la Región Metropolitana y habiendo sido sus candidatos derrotados en primera vuelta en otras seis regiones, el conglomerado oficialista se ve enfrentado a un escenario complejo de cara al balotaje de este domingo.

Con nueve candidatos en carrera, sus posibilidades electorales parecieran reducirse a tres regiones: Arica, Coquimbo y Los Ríos.

En Arica, el candidato oficialista Enrique Lee, sin militancia política, accedió a un cupo en el pacto de Chile Vamos patrocinado por el PRI y alcanzó la primera mayoría en los comicios de mayo, con un 35,5% de los votos.

Centró su campaña en la lucha contra la corrupción y se ha mantenido alejado de los partidos políticos. En gran medida, sus posibilidades pasan por la capacidad que tenga de convocar a sus electores en una elección que está acechada por la incertidumbre respecto a la participación de los votantes.

La carta oficialista en la región de Coquimbo es el UDI Marco Antonio Sulantay, quien alcanzó el segundo lugar en la primera vuelta con un 26,1% de los votos, pero a sólo tres mil sufragios de la candidata independiente, la ecologista Krist Naranjo, que superó al DC Ricardo Cifuentes.

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Las posibilidades de Sulantay pasan por la capacidad de movilización de los partidos de Chile Vamos, principalmente de la UDI, que cuenta una estructura y con redes territoriales desplegadas por la región.

En Los Ríos, la RN María José Gatica Bertín (RN), obtuvo un 36,88% de los votos, porcentaje que le valió pasar a la segunda vuelta con la primera mayoría. Cercana al senador Manuel José Ossandón, ha enfrentado en una dura y polémica campaña a la carta opositora, el socialista Luis Cuvertino, que ha recibido el respaldo transversal de “las oposiciones”.

Así las cosas, tres de nueve candidatos podría elegir, en el mejor de los casos, el conglomerado de gobierno, escenario que sólo podría cambiar en atención al factor “participación electoral”. Si se da la lógica, este domingo se podría ratificar el descalabro electoral de la derecha.

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Covid- 19: Estado, crisis y bien común

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En tiempos de crisis, sin importar su naturaleza, surge el Estado como el gran articulador de las respuestas que el país necesita para neutralizar sus efectos, devolver la calma y retornar las cosas al orden normal en el devenir de la vida de los ciudadanos.

Sin embargo, es sólo en circunstancias aciagas cuando valoramos el rol del Estado y sus instituciones en la protección de la población, en tiempos de globalización política, social y económica.

Concebido como una organización política de la que la sociedad se dota con el fin promover el bien común, el Estado tiene la obligación de generar condiciones de seguridad para proteger a la población. En este contexto, debe emplear todos sus medios y capacidades para enfrentar la amplia gama de fenómenos adversos a los que dicha población es vulnerable, sean de origen natural o provocados por la actividad del hombre.

Una pandemia tiene el poder de provocar una crisis de proporciones y, qué duda cabe, así ha sido. El Covid-19 nos ha golpeado duro, alterando nuestras vidas, instalando incertidumbre y derrumbando la economía, tanto a nivel nacional como en cada uno de nuestros hogares.

Y la respuesta del Estado chileno, buena o mala, no se ha hecho esperar. Pudo haber sido tardía, en aquellos primeros días del mes de marzo del año pasado, que hoy se ven tan lejanos. Hoy, por ejemplo y conociendo un poco más del virus, nos preguntamos, entre muchas otras cosas, por qué no se cerraron antes las fronteras. O valoramos el incremento del número de camas críticas, como una reacción previsora y oportuna.

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Buscamos respuestas a la duda permanente: ¡cuándo va a terminar esta pesadilla! Hay vacunas y un proceso histórico de inmunización de la población. Respuesta oportuna y eficiente del Estado en esta materia. Pero los casos van en aumento, alcanzando máximos difíciles de comprender en las últimas semanas, con una tasa de propagación del virus también creciente.

Y así surgen las dudas, los cuestionamientos y el hastío, exacerbados como consecuencia del agotamiento de la población, provocado por la incertidumbre, las cuarentenas, los cambios de fase en el plan Paso a Paso, entre tantas otras causas. Por cierto, todo en un contexto raro, configurado por el actuar de una clase política desprestigiada que ha pulverizado la credibilidad de las instituciones.

Hoy es cuando más necesitamos del Estado como agente articulador de las respuestas necesarias frente a la crisis, en la búsqueda del bien común y de otorgar seguridad a la población. Y a partir de esta afirmación, surge la más dolorosa de las dudas: ¿está el Estado de Chile a la altura? La respuesta pareciera ser que no, que ha sido inferior a sus circunstancias.

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