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UE ofrece 400 millones de euros a iniciativa de vacunación para COVID-19

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Miami, 31 Ago (VOA).- La Comisión Europea dijo que contribuiría con 400 millones de euros (478 millones de dólares) a una iniciativa liderada por la Organización Mundial de la Salud para comprar vacunas contra la COVID-19, pero no aclaró si los estados de la UE adquirirían inyecciones a través del esquema de la OMS.

La iniciativa COVAX tiene como objetivo comprar para todos los países del mundo 2.000 millones de dosis de posibles inyecciones contra COVID-19 de varios fabricantes de vacunas para fines de 2021.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, y Seth Berkley, director de la alianza de vacunas GAVI, dieron la bienvenida al apoyo financiero.

«Muchas gracias a @EU_Commission por su contribución a las instalaciones de COVAX y por mantenerse firmes en su compromiso con el multilateralismo», dijo Tedros en un tuit.

El apoyo financiero de la UE se proporcionará a través de garantías, dijo la Comisión el lunes.

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Una portavoz del ejecutivo de la UE no aclaró cómo se ofrecerían estas garantías y por qué se prefirieron a la financiación directa en efectivo.

«Hoy, la Comisión anuncia una contribución de 400 millones de euros a COVAX para trabajar juntos en la compra de futuras vacunas en beneficio de los países de ingresos bajos y medios», dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La Comisión de la UE está negociando compras anticipadas de vacunas contra COVID-19 con varios fabricantes de medicamentos en nombre de los 27 estados de la UE y ha dicho en las últimas semanas que los gobiernos de la UE no pueden comprar vacunas a través de esquemas de adquisición paralelos.

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Bachelet insta a la liberación de presos políticos en Venezuela y Nicaragua

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Ginebra, 14 Sep (VOA).- La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó el lunes al gobierno en disputa de Nicolás Maduro en Venezuela a que continúe liberando presos políticos, mientras que volvió a señalar al gobierno de Daniel Ortega por violaciones de derechos contra los que disienten en Nicaragua, exhortándole a «reanudar una cooperación efectiva» con su oficina de cara al próximo informe.

Crédito: AFP/VOA

Durante la 45a. sesión del Consejo de DD.HH., celebrada este lunes en Ginebra, Bachelet dijo que ha prorrogado por un año más la «cooperación y asistencia técnica» con Venezuela, que permitirá esta vez que un mayor número de funcionarios de su oficina trabajen en la nación sudamericana en medio de una severa crisis política, social y económica.

«Hago un llamado para que el gobierno (en disputa de Venezuela) continúe con las liberaciones de quienes han sido detenidos arbitrariamente», dijo en alusión al reciente indulto de unos 110 presos políticos y parlamentarios opositores que se encuentran detenidos, en el exilio o en  la clandestinidad.

Bachelet dijo que «confía en seguir avanzando hacia el establecimiento de una oficina en Venezuela, como amerita la situación y como esperan la mayoría de nuestros interlocutores».

El gobierno interino del presidente Juan Guaidó, también líder del Parlamento venezolano, valoró con buenos ojos las revelaciones y peticiones hechas este lunes por Bachelet.

Humberto Prado, designado por la Asamblea Nacional como comisionado de Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, resaltó las menciones al fortalecimiento de la presencia de la ONU en Venezuela, la cooperación técnica a los cuerpos de seguridad en cuanto al uso de la fuerza y el anuncio de un inminente diagnóstico sobre la situación de los calabozos policiales.

También, celebró la entrevista de dos oficiales de la Oficina de la Alta Comisionada a 35 detenidos en las sedes de la División General de Contrainteligencia Militar, Dgcim, y los Servicios Bolivarianos de Inteligencia (Sebin).

«Hay que recibirlo como una buena noticia”, dijo, en declaraciones a la VOA. Prado consideró importante que los hallazgos de tales investigaciones sean incorporados al informe que en breve presentará Bachelet sobre Venezuela.

«Las personas (detenidas) se mueren de desnutrición, tuberculosis y otras enfermedades que lamentablemente no son atendidas”, denunció.

Consultado por la Voz de América, el experto en relaciones internacionales y doctor en ciencias políticas, Félix Arellano, dijo que es «fundamental» la eventual apertura de una oficina de la Oficina del Alto Comisionado de DD.HH. de la ONU.

«No tenerla sería un vacío. Es un instrumento que puede ayudar a los más débiles, porque los poderosos no necesitan una oficina de derechos humanos», indicó el analista.

Nicaragua

Bachelet reiteró que la Ley de Amnistía del 2019 en Nicaragua no ha hecho más que favorecer «la impunidad de los responsables de graves violaciones de derechos humanos».

«Exhorto al gobierno (de Nicaragua) a liberar a todas las personas privadas arbitrariamente de libertad en el marco de las protestas o por expresar opiniones críticas con el gobierno», dijo Bachelet en su discurso. «Esto constituiría un paso significativo hacia la restitución de derecho y la disminución de la polarización existente».

Citando datos de organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua, Bachaelet dijo que unas 94 personas percibidas como opositoras al gobierno, entre ellas cuatro mujeres, siguen privadas de libertad y acusadas la mayoría de delitos comunes. Dijo incluso que dos de estas personas fueron recientemente hospitalizadas en «delicado estado de salud».

La pandemia, expuso Bachelet, continúa afectando «una multitud de derechos, incluidos los económicos, sociales y culturales» en Nicaragua. Además recordó que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), proyectó una contracción de 8,3% a la economía del país, aumento del desempleo y un incremento del 5% del índice de pobreza.

«La respuesta estatal que ha incluído violación a la libertad de expresión y despido de personal médico, requiere mayor transparencia y difusión de la información», dijo Bachelet el lunes.

También expuso que organizaciones de mujeres en Nicaragua han reportado un incremento de feminicidios, y citó la cifra de 50 de estos casos hasta agosto de 2020, en comparación con 44 registrados en el mismo periodo de 2019. Además, dijo, se han documentado 68 tentativas de feminicidios, en comparación con 52 en el mismo periodo del pasado año.

Bachelet además indicó que el gobierno de Daniel Ortega no ha implementado hasta el momento las recomendaciones formuladas en su informe para Nicaragua de septiembre de 2019, incluyendo algunas en materia de reformas electorales e institucionales.

«(Esto) ha dado lugar a la perpetuación de la impunidad y a nuevas violaciones», afirmó. «Insto nuevamente a gobierno a implementar dichas recomendaciones, en particular, en vista de las elecciones previstas en noviembre de 2021».

Bachelet hizo una última recomendación al gobierno de Ortega: «Les insto también a reanudar una cooperación efectiva con mi oficina, incluso autorizando una misión al país, teniendo en cuenta la preparación del próximo informe ante este consejo».

La Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH. se refirió a la situación de los periodistas, sin entrar en detalles, pero no hizo referencia a la orden reciente de un juez de Managua de embargar los bienes de la empresa Nicavisión S.A., que representa al medio televisivo Canal 12, crítico del gobierno de Ortega, por una supuesta deuda fiscal que ascendería a medio millón de dólares.

Santiago Urbina, representante de la plataforma SOS Nicaragua Europa, que reúne a 32 organizaciones en 14 países europeos, le dijo a la VOA que es muy importante el pronunciamiento de la Alta Comisionada: «El saber que la comunidad internacional… sigue posando sus ojos sobre un mandato concreto en Nicaragua es muy importante para todo lo que estamos haciendo».

Su intervención la realizó durante un acto virtual, en el que se firmó un acuerdo de unidad entre la organización Conexión Nica USA y su plataforma.

«Muchas veces se pregunta la gente de qué sirve estar haciendo denuncias, si siempre van… a seguir cometiendo los mismos atropellos  y las mismas cosas… Creo que todo esto, por lento que parezca, sin dientes que se noten, se va acumulando de tal forma que se pueda ir presentando un caso concreto que puedas llevarle a las instancias internacionales y, con eso se pueda triplicar la incidencia y la presión internacional contra el régimen», agregó.

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Venezuela

Bachelet actualizó el lunes lo que describió como «la cooperación y la asistencia técnica» entre su oficina y Venezuela. Anunció que el próximo día 23 de septiembre entregará otro informe sobre la situación de los DD.HH. en ese país.

Dijo que «tomó nota» del cambio de medida de prisión por arresto domiciliario para el diputado opositor Juan Requesens y el indulto a otras 110 personas. Los indultos han sido vistos como un modo de intentar «legitimar» las elecciones legislativas convocadas por el gobierno en disputa, y que gran parte de la oposición ve como un «fraude».

«Decisiones como esta contribuyen a la distensión política y a la apertura del espacio democrático», dijo.

La Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH. informó además el lunes que su oficina renovó la carta de entendimiento por un año más.

«El nuevo acuerdo incluye la triplicación del número de oficiales de derechos humanos en el país con mayor autonomía jurídica, así como la formalización de un mecanismo de intercambio de información sobre casos individuales», dijo Bachelet sin entrar en detalles. Hasta la fecha, la oficina de Bachelet está representada por dos funcionarios en Venezuela.

Dijo que a un año de la firma de «la carta de entendimiento», su oficina «ha fortalecido su presencia en Venezuela», incluyendo la cooperación técnica en áreas como la revisión de protocolos policiales sobre el uso de la fuerza y un diagnóstico sobre los factores que inciden en el hacinamiento de los centros de detención preventiva.

Informó que han avanzado en el intercambio de información sobre casos individuales y aseguró que el fiscal general del gobierno en disputa se comprometió a «avanzar en la investigación de 58 presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales por fuerzas de seguridad y en 35 casos de muertes documentadas por mi oficina en el contexto de protestas».

Liliana Ortega, directora de Cofavic, una de las organizaciones defensoras de derechos humanos más antiguas de Venezuela, valora “muy positivamente” la renovación de la carta de entendimiento con la Alta Comisionada.

Resalta que los informes y las recomendaciones de Bachelet sobre la situación venezolana han sido instrumentos “muy valiosos y permanentes”.

Entiende sus aportes como un “documento útil para la valoración de la comunidad internacional. Han coadyuvado a una mejor comprensión de nuestra realidad”, según precisa en una declaración escrita remitida a la Voz de América. Ortega recuerda que la presencia de delegados de derechos humanos de las Naciones Unidas en Venezuela ha permitido la documentación de casos individuales bajo los estándares internacionales.

“Existe, con todas estas acciones, una verdad incontestable documentada bajo parámetros de la ONU de la gravedad de la crisis de derechos humanos en Venezuela”, opina.

Liliana Ortega, directora de Cofavic, una de las organizaciones defensoras de derechos humanos más antiguas de Venezuela, valoró «muy positivamente» la renovación de la carta de entendimiento con la Alta Comisionada y afirmó que las recomendaciones de Bachelet sobre la situación venezolana han sido instrumentos «muy valiosos y permanentes».

En una declaración escrita enviada a la VOA, Ortega dijo que se trata de un «documento útil para la valoración de la comunidad internacional» que permite «una mejor comprensión de nuestra realidad». Afirmó además que la presencia de delegados de derechos humanos de la ONU en Venezuela ha permitido la documentación de casos individuales bajo los estándares internacionales.

«Existe, con todas estas acciones, una verdad incontestable documentada bajo parámetros de la ONU de la gravedad de la crisis de derechos humanos en Venezuela», opinó.

A su vez afirmó que la gestión de Bachelet  busca «la apertura del espacio democrático». Ortega insta al Estado venezolano a atender las recomendaciones contenidas, no solo en la actualización oral de Bachelet de hoy, sino en todos sus informes.

«Es la vía para contribuir a enfrentar la  gravedad de la violencia en el país, para que se adopten medidas verdaderamente efectivas para garantizar los derechos humanos de la población y para que se abra el espacio democrático indispensable», afirmó.

Pospuesta hasta 2021 visita de relatora sobre medidas coercitivas unilaterales

Bachelet dijo que debido a la pandemia, la visita de la relatora especial sobre la repercusión negativa de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, fue reprogramada para enero del 2021. Dijo además que su oficina apoyará otras dos visitas a Venezuela de «procedimientos especiales».

Informó además de la reciente visita de su equipo al Centro Penitenciario Occidental en Santa Ana, en Táchira, y dijo que representantes de su oficina han realizado 15 visitas a 14 centros de detención desde la firma de la carta de entendimiento.

«Pudimos entrevistar confidencialmente un total de 39 personas vinculadas a casos significativos, en plena implementación de la carta de entendimiento», dijo Bachelet sin ofrecer más detalles, en alusión a las recientes visitas de su equipo a centros penitenciarios de los servicios de inteligencia del país.

Valoró como «destacable» esta cooperación y alentó a que «esta práctica continúe y sirva para mejorar la condición de los detenidos y que próximamente se puedan visitar otros centros emblemáticos».

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Internacional

No cesan las protestas en Colombia por abusos policiales

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Bogotá, 11 Sep (VOA Noticias).- Cientos de manifestantes salieron el jueves a las calles de la capital colombiana en la segunda noche de protestas contra la brutalidad policial, en medio de actos de violencia en los que han muerto al menos 10 personas.

Los manifestantes reaccionan por la muerte del abogado Javier Ordóñez, de 46 años, quien recibió repetidas descargas eléctricas de dos policías con una pistola paralizante. El incidente quedó grabado en un video.

Decenas de manifestantes llegaron el jueves por la tarde a una estación policial de Villa Luz, donde los policías llevaron a Ordóñez antes de su muerte en una clínica. El miércoles había sido atacada y destruida parcialmente esa estación de policial.

Además hubo protestas en varias localidades de la capital colombiana, así como actos vandálicos en contra de estaciones de Policía.

Además de la cifra de fallecidos, las protestas han dejado más de 370 heridos, entre civiles y policías, unos 56 puestos de policía vandalizados y varios buses de servicio público incinerados. 

Dentro de las víctimas, siete fallecieron en Bogotá y tres en Soacha.

Hubo además 77 ataques a vehículos de servicio público, 22 de los cuales fueron incendiados en medio de las 26 protestas que se extendieron a otras ciudades como Medellín y Cali, según precisaron las autoridades. La Policía dijo que había capturado a 70 personas.

Muchos colombianos exigen reformas en los protocolos utilizados por la policía en sus procedimientos.

Al respecto, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, expresó: “Desde la Defensoría solicitamos revisar los procedimientos de la Policía con el fin de que no se vuelvan a presentar situaciones como las de las últimas horas en Bogotá, que la violencia no es nunca la respuesta. Invitamos a la serenidad pública y a canalizar cualquier reprobación en el marco del derecho, que tienen los colombianos, a la protesta pacífica.”

El presidente, Iván Duque, pidió el jueves que se juzgue con celeridad a los uniformados que cometieron las irregularidades, pero a la vez exigió que no se denigre a toda una institución que vela por la seguridad de los colombianos.

“Y justamente cuando se presentan estos hechos es cuando tenemos que individualizar las responsabilidades, pero no dejar que surjan voces que estigmatizan a toda la fuerza pública”, afirmó el mandatario.

“Por ninguna circunstancia podemos aceptar, como país, que se estigmatice y se le llame asesinos a quienes tienen la responsabilidad de proteger la vida, honra, bienes, derechos y libertades de los ciudadanos”, señaló Duque, quien lamentó los hechos violentos en los que murió el abogado.

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Ante las denuncias acerca de que en medio de las protestas algunos policías dispararon indiscriminadamente contra los manifestantes, la alcaldesa de la ciudad, Claudia López, dijo que no permitirá impunidad ante los abusos.

“Le reitero a la ciudadanía que aquí hay una alcaldía que respeta sus derechos, que no va a permitir que caigan en impunidad ninguno de los abusos que se cometiero”.

A su vez, rechazó los actos vandálicos que destruyeron varios Comandos de Atención Inmediata, CAI, de la Policía, entidades bancarias, y establecimientos comerciales.

“No es destruyendo a Bogotá como le vamos a devolver la vida a ninguna de las personas que fallecieron. No es destruyendo a Bogotá cómo vamos a arreglar la policía, ni a superar los casos de abuso policial”, afirmó.

La alcaldesa dijo además que las siete personas que murieron en Bogotá, incluido un joven de 17 años, tenían heridas por armas de fuego, al igual que otras 66 personas que ingresaron a diferentes hospitales.

El fiscal general, Francisco Barbosa, anunció que los dos agentes que presuntamente le ocasionaron la muerte al abogado Ordoñez, serán juzgados por la justicia ordinaria y no por la justicia penal militar, pues sus acciones no se consideran actos del servicio.

La policía de Bogotá fue reforzada con 1.600 efectivos, más de la mitad de los cuales vendrán de otras regiones, y 300 soldados, dijo el ministro de Defensa, Holmes Trujillo.

Congresistas del partido de gobierno y de la oposición coincidieron en que es necesario tramitar una ley que reforme los procedimientos policiales, mientras que analistas consultados por la Voz de América, indican que más allá de la reglamentación y los protocolos, se hace urgente intensificar la capacitación en derechos humanos a los uniformados.

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Internacional

EE.UU. recuerda el 11 de septiembre mientras la pandemia cambia la conmemoración

En Nueva York, una disputa sobre la preocupaciones de seguridad por el coronavirus provoca una recordación dividida.

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Nueva York, 11 Sep (VOA Noticias).- El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos Joe Biden, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y el exalcalde de la ciudad de Nueva York Michael Bloomberg participaron el viernes del aniversario 19 de los ataques terroristas contra el World Trade Center, en un sombrío evento marcado por la pandemia del coronavirus.

Biden y Pence, ambos con máscara, chocaron sus codos a modo de saludo, uno de los tantos cambios que sufrió la ceremonia debido a la pandemia, que ha dejado más de 190.000 muertos en el país.

Unas 200 personas se unieron a la ceremonia en Nueva York, donde se leyeron los nombres de las casi 3.000 personas muertas cuando dos aviones secuestrados se estrellaron contra las Torres Gemelas, un tercero impactó el Pentágono y una cuarta aeronave se estrelló en Shanksville, Pensilvania, cuando sus pasajeros se amotinaron contra los terroristas de Al Qaeda.

La ceremonia en el Pentágono fue tan restringida que ni siquiera las familias de las víctimas pudieron asistir, aunque grupos pequeños podrán visitar el monumento allí más tarde ese mismo día.

Trump y Biden visitan Monumento al 11 de septiembre en Pensilvania

El presidente Donald Trump y su esposa, la primera dama Melania Trump, asistieron en la mañana al acto conmemorativo en el Monumento Nacional del Vuelo 93 cerca de Shanksville, Pensilvania.

Biden planea presentar sus respetos allí por la tarde después de asistir a la celebración en el memorial del 11 de septiembre en Nueva York.

Mientras tanto, el vicepresidente Mike Pence estará en la zona cero, y luego en la ceremonia alternativa a unas pocas cuadras de distancia.

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Pese a la pandemia, las familias del 11 de septiembre dicen que es importante que la nación se detenga y recuerde los ataques con aviones secuestrados que mataron a casi 3,000 personas en las Torres Gemelas, en el Pentágono y cerca de Shanksville, Pensilvania, el 11 de septiembre de 2001, lo que cambió la  política estadounidense, las percepciones de seguridad y la vida diaria en lugares desde aeropuertos hasta edificios de oficinas.

“Sé que el corazón de Estados Unidos late el 11 de septiembre y, por supuesto, piensa en ese trágico día. No creo que la gente se olvide”, dice Anthoula Katsimatides, quien perdió a su hermano John y ahora está en la junta del Museo y Memorial Nacional del 11 de septiembre.

El viernes marcará la segunda vez que Trump observa el aniversario del 11 de septiembre en el memorial del vuelo 93, donde hizo comentarios en 2018. Biden habló en la dedicación del memorial en 2011, cuando era vicepresidente.

La ceremonia de la zona cero en Nueva York tiene una larga costumbre de no permitir que los políticos hablen, aunque pueden asistir. Biden lo hizo como vicepresidente en 2010 y Trump como candidato en 2016.

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